¿Cuál es la capacidad de respuesta de los sistemas democráticos ante las contingencias del COVID-19? En las siguientes líneas, atendemos esta pregunta a partir de las reflexiones que suscita el artículo La política de la frustración en América Latina (2019) de Adelman y Pryluka (Project Syndicate). Nuestro texto analiza tres niveles de la práctica política: individuo en relación con la sociedad, sociedad frente a la política y Estado nacional frente al escenario global. Es decir, desarrollamos una evaluación de la democracia representativa a partir de las relaciones individuo-sociedad-Estado.
1- Del descontento social al respaldo de líderes “fuertes”
La paciencia pública se está agotando. Con esta frase los historiadores Jeremy Adelman y Pablo Pryluka iniciaron La política de la frustración , el cual examina los movimientos de protesta que caracterizaron la segunda mitad del 2019. Ambos autores catalogan dicho año como el annus terribilis para la gobernabilidad, debido a que en diversas regiones del mundo se expresaron sentimientos de frustración. Luego de 40 años de expectativas insatisfechas, las protestas se extendieron entre las principales ciudades de Chile, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Puerto Rico, Argentina, México y Moscú, así como en Hong Kong y Beirut.
Durante el último trimestre del 2019, las protestas eran presentadas en los medios de comunicación tradicionales como el resultado de boicots o intervenciones extranjeras. La responsabilidad de la convulsión social buscaba redirigirse a países como China o Rusia. Cuando en Santiago de Chile o en Guayaquil los manifestantes demandaban cambios profundos en las élites políticas y la sociedad mayoritaria, la clase política respondía acusando a los gritos de los exaltados como “desestabilizadores”.
En los meses siguientes, sin embargo, el descontento social fue opacado por un apoyo mayoritario a líderes populistas. El aislacionismo y el respaldo a los líderes “fuertes” fue la reacción social más extendida ante la pandemia generada por el nuevo coronavirus. En vez de atender la pandemia con cooperación internacional, se extendieron políticas de enclaustramiento y cierre de fronteras. Se esperaba así que la infección foránea no llegara.
En la película Guerra Mundial Z (2013), se representaron las diferencias de reacción entre democracias y autoritarismos frente a una crisis sanitaria. Corea del Norte fue retratada como un caso de éxito en el control del virus gracias a que las decisiones estatales carecían de los controles propios de la democracia representativa. En esta ficción, cuando los líderes coreanos se enteraron de que la infección se transmitía por mordidas, decidieron quitarles los dientes a sus ciudadanos.
2- La polarización del debate y la recesión del liberalismo político
Dentro del debate político cotidiano, cuando se busca a los culpables de la crisis actual surge una alta polarización. Por un lado, un sector identifica al “sistema neoliberal” como el culpable del surgimiento del virus y del colapso de los sistemas de salud. Por otro lado, se sostiene que gracias a la liberalización de la economía se redujo la pobreza como nunca en la historia. Con declaraciones de ese tipo los debates se entrampan. En un diálogo de sordos cualquier posibilidad de consenso se desvanece.
Es cierto que el discurso que exalta los éxitos el modelo económico sin considerar las demandas sociales insatisfechas termina marginando a sectores vulnerables . No obstante, experimentamos un giro iliberal en los discursos públicos que puede tener consecuencias negativas para la democracia. En 2019 diversos especialistas alertaron sobre una futura recesión de derechos liberales, del multilateralismo como una manera de diplomacia efectiva y de la cooperación internacional para la protección de los bienes globales. En efecto, la crisis del coronavirus ha desenvuelto las costuras de las sociedades contemporáneas evidenciando las pugnas y tensiones entre el autoritarismo y el reclamo de mayores garantías para el ejercicio de derecho civiles.
Este contexto, en América Latina, es una nueva oportunidad para que outsiders debiliten los derechos liberales. Al respecto, es llamativo el caso chileno. En el país del sur, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que incrementó hasta en 5 años de prisión efectiva a quienes desacaten las disposiciones de cuarentena y el aislamiento social. Esta medida es cuestionada como una maniobra política de censura que buscaría mitigar las protestas en contra del gobierno. Esta decisión no considera la vulnerabilidad de la población que sobrevive al margen de la formalidad.
Otro fenómeno ligado al retroceso del liberalismo político es el anti-intelectualismo que impugnan los populistas. En Brasil, Estados Unidos y México. En el caso estadounidense, la colaboración intersectorial entre sistemas sanitarios y decisiones del Ejecutivo ha sufrido los erráticos embates de bolsones de apoyo oficialistas que acusan al multilateralismo de querer “idiotizar” o dominar al resto del mundo a través de una supuesta guerra epidemiológica impulsada por China.
Otro fenómeno ligado al retroceso del liberalismo político es el anti-intelectualismo que surge en Brasil, EE.UU. y México. En estos países, los líderes populistas envían mensajes en contra del conocimiento especializado. Donald Trump, por ejemplo, alega que el COVID-19 es una supuesta guerra epidemiológica impulsada por China. Bolsonaro, por su parte, ha sugerido que el comunismo estaría detrás de la expansión del virus, mientras que AMLO responsabiliza al neoliberalismo. A través de estos mensajes, este tipo de líderes busca desviar la atención de la opinión pública. Detrás de las especulaciones conspirativas, tales gobiernos han experimentado grandes tasas de contagio.
3- Los nuevos indicadores esenciales para las repúblicas
Los sistemas políticos necesitan mejorar sus indicadores sociales y la satisfacción del ciudadano promedio. En ese sentido, cuidar de la salud se ha vuelto una prioridad renovada en los últimos seis meses. Cuidarla a través del aislamiento no es suficiente, es necesario que la sociedad tenga mínimos estándares de protección colectiva. En este aspecto, el continente americano -pionero en la conformación de un bloque sanitario multilateral con la Organización Panamericana de la Salud- ha mostrado menos capacidad de cooperación de lo que la realidad demanda.
Para la región sudamericana, y en especial para el área andina, los éxitos en materia de crecimiento macroeconómico y disciplina fiscal no convergieron con avances en la inversión social. En una reedición de las taras coloniales, las élites políticas de la región andina prefirieron exportar minerales. La distancia que separa al pueblo de los beneficios de la exportación del subsuelo va difuminando su fuerza conforme se alejan de las ciudades capitales y de los nichos de turismo y enclaves extractivos.
Con el inicio de las reactivaciones económicas y las aperturas de negocios, las sociedades latinoamericanas vuelven a preocuparse en los indicadores de las economías. Vale la pena resaltar diariamente que el acto de gobernar no debe caer en el falso dilema entre “salud o hambre”, mas procurar un equilibrio entre la promoción de todas las “saludes”. Ni unos son más “responsables” por poder quedarse en casa ni otros son unos “ignorantes” por tener que salir para comer. Ni deberíamos demonizar a las personas que salen a comprar a mercados y a centros comerciales, ¿o acaso las empresas y los trabajadores en estos sectores se alimentan del aire?
La salud macroeconómica es importante. La competitividad y el dinamismo económico tiende a la baja para el conjunto de la región. Los reportes de expectativas globales hacia el 2021 post-COVID-19, señala un decrecimiento del PBI global promedio del 3 %, siendo América Latina la región más golpeada con -7,2 % . Esto amenaza con polarizar los escenarios políticos en un tiempo de elecciones para el período 2021-2022 con propuestas populistas de refundaciones de régimen y de cambios constitucionales.
Esto va a suponer un reto para el sostenimiento de los principios liberales propios de la democracia representativa. Por mucho que le pese al sector “conservador”, el pacto social vigente supone que las libertades y derechos se deben proteger, promoverse y merecen protección institucional de parte de los Estados. Ojalá que las élites políticas, empresariales y sociales de cada país de la región logren priorizar el tan ansiado principio de la democracia: el consenso.
4- La política y el Estado regresan a Sudamérica
Hay años en los que envejecemos más y este 2019-2020 ha sido uno de ellos. Durante el 2019 la región recibía gratas noticias sobre el ingreso de Colombia a la OCDE, del sostenido crecimiento económico de Chile, de la maduración de las plataformas multilaterales regionales para atender a los problemas políticos de la región, y de la primera vez en la historia peruana de la cuarta transición democrática por elecciones. Hoy la incertidumbre rige y desafía la capacidad social de resistencia.
En río revuelto, los populismos crecen en desmedro de la salud de la democracia representativa. ¿Afectará esto las perspectivas de crecimiento hacia el 2021? Nuestra hipótesis es que no y que estos son problemas propios de crisis perpetuas más profundas. La incertidumbre de la pandemia devela las costuras gastadas de las sociedades post-neoliberales. Colombia, Chile y Perú reciben los embates sociales que van desde sectores rurales, urbanos y amazónicos, respectivamente. La promesa de cuatro décadas de creación de riqueza individual no ha supuesto la satisfacción de las expectativas truncas en una sociedad estratificada.
Para el Perú, la alineación para lograr el tan ansiado ingreso a la OCDE y que tenía indicativos de un sistema que maduraba políticamente se retrasa. Se retrasa, sin embargo, para atender a las limitaciones materiales urgentes: economía informal, inclusión económica, garantías de ejercicio de derechos básicos y la exaltación del sentido de pertenencia a un estado de bienestar que necesariamente pasa por lo social y no por los guetos individualistas.
“Sálvese quien pueda, y nosotros podemos más”, es la narrativa del laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar). Esta idea es insostenible ante la crisis actual porque implicaría ignorar las nuevas necesidades sociales y limitarnos a estabilizar los sistemas políticos a través de la fuerza pública. Dejar hacer y dejar pasar replicaría el momento en que nos encontramos encerrados porque hacen falta médicos y respiradores.
Hace unos días pasamos la mitad del calendario 2020 y persisten gravísimas demandas por mejoras económicas y condiciones de calidad de vida. Cuestiones en las que las sociedades sudamericanas tienen un largo historial de insatisfacciones. Valoremos esas demandas, busquemos consensos, seamos conservadores para renunciar a nuestros derechos, seamos valientes para participar en la cosa pública.
